Por Agencias
Ciudad de México.- Mario Aburto Martínez, homicida confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, impugnó el fallo de un juez federal que desechó el juicio de amparo que inició contra la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) del no ejercicio de la acción penal a cualquier involucrado por la presunta tortura de la que asegura, fue víctima.
Aburto Martínez promovió un recurso de queja ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. En los próximos días, los magistrados determinarán si confirman, modifican o revocan el fallo de primera instancia.
Paloma Xiomara González, jueza Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, desechó la demanda de garantías, luego de que la FGR le informó que autorizó en definitiva no proceder penalmente contra ninguna persona por la supuesta tortura ejercida contra Aburto Martínez.
La fiscalía valoró que no fue víctima de tortura durante su detención y traslado a la Ciudad de México, tras haber asesinado a Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo de 1994, al término de un mitin en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.
Desde el 28 de noviembre de 2023, los fiscales notificaron a Aburto Martínez de la consulta presentada por la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Tortura en la averiguación previa 2080/94 al considerar que no está acreditado que hubiera sido torturado.
La denuncia de Mario Aburto se encuentra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) donde acusó haber recibido amenazas para hacerse pasar como homicida de Colosio.
En marzo de 2023, Antonio González García, ex titular del juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal, otorgó la protección de la justicia federal a Aburto Martínez, quien reclamó que la autoridad ministerial no ha investigado los actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, y delitos vinculados en su perjuicio.
En aquella ocasión argumentó que la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR incurrió en la transgresión que reclama, pues derivado del análisis de las constancias que remitió, se advierte que no cumplió con su encomienda constitucional de investigar los hechos denunciados, además de haber periodos injustificados de inactividad investigadora y por ende, violentar derechos fundamentales como el derecho a la verdad y de tutela judicial efectiva. (La Jornada).
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