El sacerdote nicaragüense Danny García, de la Diócesis de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, fue detenido este viernes por la Policía Nacional en medio de tensiones entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia católica, denunció la abogada e investigadora Martha Patricia Molina.
García, sacerdote de la parroquia San Juan Bautista, en el municipio de Muy Muy, departamento (provincia) de Matagalpa, fue detenido en horas de la mañana de hoy después de que en las redes sociales se denunciara que el templo que dirige estaba bajo asedio policial, dijo a periodistas la abogada Molina, autora del estudio ‘Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?’ y que da seguimiento a esos casos.
El fin de semana pasado fueron detenidos los sacerdotes nicaragüenses Leonel Balmaceda, de la Diócesis de Estelí, y Denis Martínez, de la Diócesis de Matagalpa, ambas en el norte de Nicaragua.
Las autoridades también detuvieron ese fin de semana a la laica Carmen Sáenz, colaboradora de la Curia Episcopal de la Diócesis de Matagalpa.
De momento, ni el Gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esas detenciones, y generalmente no suelen pronunciarse.
¿Ortega presiona para que nombren a otro obispo?
Según la investigadora Molina, «la dictadura sandinista pretende exterminar la presencia de la Iglesia católica en la Diócesis de Matagalpa».
La Diócesis de Matagalpa es dirigida desde el exilio por el obispo desnacionalizado Rolando Álvarez, que fue excarcelado y enviado a Roma en enero pasado.
El jerarca católico también es el administrador apostólico de la Diócesis de Estelí.
El miércoles de la semana pasada, el Gobierno de Nicaragua envió al Vaticano a un grupo de siete sacerdotes de la Diócesis de Matagalpa que se encontraban detenidos y bajo vigilancia policial en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, en Managua.
Fuentes políticas dijeron a EFE que el Gobierno de Ortega está presionando al Vaticano para nombrar un nuevo obispo en la Diócesis de Matagalpa y en la Diócesis de Estelí.
El caso del obispo Rolando Álvarez
El Gobierno de Ortega acordó en enero pasado con la Santa Sede el envío al Vaticano de Álvarez y del obispo Isidoro Mora, junto a 15 sacerdotes y dos seminaristas nicaragüenses, a los que tenía privados de libertad.
El 18 de octubre pasado, el Gobierno nicaragüense también excarceló a 12 sacerdotes y los envió al Vaticano tras un acuerdo con la Santa Sede, aunque entre estos no estaba el obispo Álvarez, que se resistía a abandonar el país.
Antes, el 9 de febrero de 2023, las autoridades excarcelaron a otros ocho sacerdotes y los enviaron a Estados Unidos, como parte de 222 excarcelados políticos nicaragüenses.
En esa ocasión el obispo Álvarez, que tenía casa por cárcel, se negó a subirse al avión, fue enviado a una prisión de máxima seguridad, y condenado a 26 años y cuatro meses de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida, por delitos considerados de traición a la patria.
La condena contra el alto jerarca fue dictada un día después de que rechazase subirse al avión que lo iba a llevar con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses a Estados Unidos, lo que provocó la indignación del presidente Ortega, que en cadena nacional lo calificó de «soberbio», «desquiciado» y «energúmeno».
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
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