Por Agencias
Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general el llamado “plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum, que reforma los artículos constitucionales 115, 116 y 134, para reducir los presupuestos de los congresos estatales, el número de regidores en los ayuntamientos y las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales.
Después de cuatro horas y media, la minuta del Senado se aprobó sin cambios por 377 votos en favor, de Morena, PT y PVEM -y su nuevo aliado MC pese a que sus legisladores habían criticado el alcance de la reforma- por 102 en contra de PAN y PRI.
En una sesión que se llevó a cabo con rispidez y descalificaciones desde el arranque, el bloque de mayoría defendió la enmienda propuesta por el Ejecutivo, al tiempo que la oposición enfatizó que los ahorros que se esperan serán mínimos, en comparación con los gastos que ha implicado sostener los principales proyectos del actual gobierno.
El petista Amadeo Espinosa Ramos subrayó que la reforma busca instaurar la austeridad republicana “como el principio ético más importante en el ejercicio del poder, que permitirá romper con las estructuras de privilegio que durante décadas distorsionaron el uso de los recursos públicos”.
El legislador enfatizó que los cambios al artículo 116 constitucional obligarían a que los congresos estatales no ejerzan fondos mayores a 0.70 por ciento del presupuesto de cada entidad, aunque también señaló que actualmente dicha cifra es de 0.73 por ciento (23 mil 373 millones de pesos, de un total de 3.2 billones). De esa manera, la diferencia sería entre el gasto actual y el esperado con la reforma sería de 0.03 por ciento.
Por otro lado, destacó que las modificaciones al artículo 134 buscan establecer que los consejeros y magistrados electorales de todos los niveles no podrán tener percepciones mayores a las que tiene la Presidenta de la República, y las del 115 pretenden fijar en un máximo de 15 el número de regidores de los municipios, lo que garantizará “un cabildo funcional y reducirá el gasto corriente”.
De igual forma, respaldó que “los recursos liberados se destinen a la construcción de infraestructura, a financiar programas sociales y a impulsar el desarrollo regional”, pues la austeridad no es un castigo o una política de recorte sin sentido, sino una decisión ética y política, que busca terminar con los excesos”.
Por su parte, el morenista Leonel Godoy reprochó a la oposición haber calificado la iniciativa de Sheinbaum como una “ocurrencia, e incluso basura”.
Si antes se decía de los perredistas que eran los “diputados del no”, por su negativa reiterada a apoyar las iniciativas del actual gobierno, dijo, ahora la nueva oposición rechaza todo.
En ese tono, les lanzó: “no va a haber ningún plan que les guste, ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto”. Entre risas, a un lado de él en la tribuna, su compañero el diputado migrante Aniceto Polanco, secundó entre risas: “¡ningún chile les embona!”
Al argumentar en contra del dictamen, el priísta Emilio Suárez Licona alertó que la propuesta de la mandataria federal busca “imponer desde el centro cómo deben integrarse los ayuntamientos”, lo que desconoce su autonomía y “trastoca la división de poderes”.
De igual forma, lamentó que la reforma “debilita a las instituciones electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, y con ellas, las condiciones de certeza e imparcialidad que sostienen nuestra vida democrática”.
En ese tono, subrayó que los supuestos ahorros que se obtendrían con el “plan B” son un “mito” y “descansan en un diagnóstico equivocado”, pues las labores especializadas que realizan organismos como el Instituto Nacional Electoral “no son un privilegio, sino la condición indispensable para garantizar la confiabilidad” de los comicios.
El legislador indicó que “los números no cuadran”, pues en los 2 mil 478 municipios que hay en el país, hay 16 mil 899 regidurías, por lo que, en promedio, en 44.8 por ciento de los municipios hay menos de siete regidores, y sólo en 59 de ellos (2.4 por ciento del total) hay un número superior a 15.
Según Suárez Licona, de esta forma se eliminarían 703 regidurías, apenas 4.2 por ciento del total. “¿Dónde queda el ahorro? Son aproximadamente 11 mil millones de pesos divididos entre los municipios afectados, es decir, 536 mil pesos por municipio. ¿Qué transformación puede lograrse con una cifra así?”
En un sentido similar, Laura Cristina Márquez (PAN) acusó que el dictamen “emana de las ocurrencias de Palacio Nacional” y “no es, por mucho, el resultado de algún diagnóstico ni de una necesidad real” de la ciudadanía.
La legisladora indicó que, si únicamente se reducirían los regidores de 59 municipios, “y se van a recortar 190 regidurías de las más o menos 16 que hay en el país, no hablamos de un gran ahorro. Lo mismo pasa con los síndicos, son también otros 190. Entonces, de 18 mil 600 cargos, se recortarían más o menos 380. Presupuestariamente hablando no impactaría en nada a los municipios”.
En cuanto a los fondos de los congresos estatales, que tendrían un límite de 0.7 por ciento del presupuesto total de cada entidad, añadió, presentó sus propias cifras.
“Solamente la mitad se vería impactada. De estos 16 estados, proyecciones que hacen los especialistas, son mil 180 millones”, que repartidos para servicios públicos, obra pública y programas sociales entre 2 mil 400 municipios, serían en promedio de 491 mil pesos, que “no alcanza ni para que tapen una coladera, caray”, expresó.
Antes de la votación en lo general, legisladores de mayoría y de oposición se enzarzaron en un cruce de gritos e insultos, donde los morenistas y sus aliados calificaron al panista Germán Martínez Cázares de “chapulín”, quien les respondió con el mote de “narcopolíticos”.
El Canal del Congreso, durante la sesión, no enfocó a algunos de los legisladores que, desde sus curules, escenificaban el encontronazo, lo llevó a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, a solicitar que las cámaras tomaran a los diputados
No hacerlo, advirtió, “no prestigia a este espacio deliberativo”, que de manera interina tiene a su cargo Raúl Paz Alonso.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios llegaron al acuerdo de que, en la discusión en lo particular, se fijara un número máximo de cinco oradores por bancada, independientemente del número de reservas que se inscriban.
Sin embargo, al final la lista se integra con 60 intervenciones. (Fernando Camacho y Enrique Méndez/La Jornada).
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