Por Redacción
Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia para detener a servidores públicos vinculados con actividades delictivas y que brindan protección a grupos delincuenciales, en el marco del Operativo Enjambre, en Oaxaca, elementos de la Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Oaxaca, ejecutaron órdenes de aprehensión contra dos personas, entre ellas el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza.
En seguimiento a indagatorias relacionadas con una red criminal vinculada con extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas, extorsión y homicidios, así como con esquemas de protección que habrían facilitado las operaciones de integrantes de grupos delictivos, los agentes desarrollaron diversas líneas de investigación.
Derivado de estas labores, se identificó a Miguel “N”, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y a otra persona, quienes contaban con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, por lo que se desplegó un operativo interinstitucional en el que ambos fueron detenidos.
Como parte de las acciones relacionadas con esta investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas vinculadas con estos hechos.
Las investigaciones y acciones operativas continúan para desarticular la estructura criminal y sus redes de protección. Asimismo, se mantiene una coordinación estrecha con la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Oaxaca para fortalecer la seguridad y garantizar la gobernabilidad en la zona.
Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades locales para combatir la extorsión, desarticular estructuras criminales y proteger la seguridad y el patrimonio de las familias de Oaxaca.
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