Por José Gregorio Aguilar
Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso en marcha una revisión histórica de las contrataciones y adquisiciones realizadas por los organismos electorales del país durante los últimos 25 años, investigación que incluye al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).
La fiscalización comprenderá operaciones efectuadas entre 2000 y 2025 por el Instituto Nacional Electoral (INE), su antecesor el Instituto Federal Electoral (IFE) y los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), con el objetivo de detectar posibles irregularidades, concentración de contratos y eventuales prácticas ilegales en el manejo de recursos públicos.
De acuerdo con un comunicado emitido por la ASF, una de las líneas de investigación contempla el análisis histórico de las adquisiciones realizadas durante ese periodo para identificar patrones de contratación y posibles vínculos recurrentes con determinados proveedores.
La revisión permitirá además comparar los esquemas de contratación utilizados por el IFE, el INE y los organismos electorales estatales, entre ellos el IETAM, a fin de determinar si existieron concentraciones inusuales de proveedores o mecanismos de contratación que ameriten una indagatoria más profunda.
El anuncio se da días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara transparentar los contratos celebrados por las instituciones electorales y en medio de la controversia nacional derivada de presuntas irregularidades en adjudicaciones millonarias que desembocaron en la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE.
La ASF informó que también realiza investigaciones de oficio sobre contrataciones públicas efectuadas por organismos electorales federales y estatales, además de una auditoría integral al gasto ejercido por el INE y por los organismos locales con recursos federales.
De acuerdo con el órgano fiscalizador, los trabajos de inteligencia y la información recabada de diversas entidades federativas han permitido detectar indicios de irregularidades históricas en el ejercicio de recursos públicos destinados a la operación de los organismos electorales.
No obstante, hasta el momento la ASF no ha precisado qué instituciones presentan anomalías, ni ha revelado nombres de empresas, funcionarios, contratos o montos presuntamente involucrados.
La dependencia aseguró que las investigaciones se desarrollarán con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad, y que los resultados permitirán determinar la existencia de posibles responsabilidades administrativas o legales.
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