La estafa maestra

Luis Torre Aliyán

Cd. Victoria, Tamaulipas.- No se equivoca Max Kaiser, Director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), cuando dice que no estamos frente a un gran acto de corrupción, sino frente a una metodología integral para robar recursos públicos, a través de mecanismos fraudulentos.

Y es que esta vez se trata de más de 7 mil millones de pesos, el presunto desvío que le atribuye el reportaje de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, al gobierno federal.

De acuerdo al reportaje del que seguro habrá visto o leído algo, estimado lector, se detectó que el gobierno federal, al estilo Duarte el ex gobernador de Veracruz -pero en versión mejorada-, empleó la estrategia de las empresas fantasmas para aterrizar la estafa maestra: de las 186 empresas a las que les fueron entregados 7 mil 670 millones de pesos, 128 no eran susceptibles de haber recibido dinero público, simplemente porque no tienen ni la infraestructura ni la personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o peor aún, porque no existen.

Y digo que en versión mejorada, porque en el caso Duarte y de otros gobernadores que han sido exhibidos en ese sentido, era el propio gobierno quien les asignaba los contratos a este tipo de empresas que, o no existían, como dije, o bien, no daban los servicios para los que fueron contratadas; pero, en el caso de la estafa maestra a la que alude el serio reportaje, el gobierno federal primero da los contratos a universidades públicas y a través de éstas se contrata a las fantasmas.

Es indignante y repugnante hasta qué grado ha llegado el debilitamiento institucional.

Porque lo de ayer era el soborno del 10 por ciento que recibía el gobierno por parte del constructor que había resultado beneficiado con determinada obra pública, pero, sin justificar a una parte ni a otra (porque es reprobable moralmente desde cualquier enfoque, además de ilegal), era una corrupción “mesurada”, y de acuerdo a los (malos) usos de la contratación pública: un porcentaje “razonable” a cambio, y la garantía de que la obra se materializaba.

Lo de hoy es una ignominia: dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social y universidades siendo actores protagónicos de la depredación de miles de millones de pesos que debieran ser para combatir la escandalosa pobreza y mejorar la pobre educación que tenemos. ¿Qué está pasando con México?

Tal parece que entre más se fortalece el enojo social, más y más crece la corrupción por el arraigamiento de la impunidad. Y es que si llegamos a pensar que gran parte de la clase política estaba atravesando por un problema de sordera ante el reclamo social, creo que nos equivocamos: es sordoceguera.

Hace algunos meses, aquí en Victoria, invitado por COPARMEX, dijo Luis Pérez de Acha (integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción): “La corrupción cada vez es más sofisticada, y si los grandes actores de la corrupción traen escopetas, no podremos combatirlos con resorteras”.

La metáfora la dijo en el contexto de la construcción de los sistemas anticorrupción: debemos creer en estos mecanismos que apenas nacen, será solo así, con la ley en la mano, a través de pantalones, muchos pantalones; inteligencia en la representación ciudadana dentro de los sistemas -para poder diseñar escopetas contra la impunidad-; y sobre todo, persistencia de los organismos de la sociedad civil, que podremos evitar la reiteración de las estafas maestras en los tres niveles de gobierno.

Máxime que la polémica que rodeó al tema del #FiscalCarnal puso en evidencia una vez más que mientras más adquiere forma el combate a la corrupción, más  adquiere también forma su resistencia.